Fortalecer las instituciones, ajustar la fórmula de contraprestación, avalar la libertad tarifaria y dictar las inversiones futuras para proyectos estratégicos.

Estos son los principales ejes del plan de acción que traería consigo el plan de expansión portuaria en Colombia, para el cual el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) viene ultimando detalles y que quedaría listo en marzo del 2018.

Esta fecha tentativa fue anunciada por César Peñaloza, viceministro de Infraestructura durante el último Congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), con lo cual se le daría un cierre definitivo al estudio de dicha política pública, cuyo borrador viene siendo ajustado desde mayo de este año.

“El Conpes de expansión portuaria quedaría listo en marzo del próximo año y así se garantizaría, a futuro, la hoja de ruta de este modo de transporte”, dijo Peñaloza en su intervención.

Así las cosas, entre los puntos claves que quedarían incluidos en el Conpes está la contraprestación, que no es más que ajustar la fórmula actual, sobre todo en las llamadas zonas de bajamar. Y es que hoy en día la contraprestación en estos puntos aplica igual para terminales del Caribe y el Pacífico, aun cuando estos últimos no las usan. Asimismo sucede con los puertos pesqueros industriales, cuyo servicio no es constante, pero según la política actual se le aplica la contraprestación como si lo fuera.

En su momento, Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI, dijo que es vital que se desestime dicho concepto para el fin netamente público, y se estimulen las inversiones privadas, ya que estas incluyen las iniciativas para su desarrollo.

Ahora, en cuanto a la libertad tarifaria se autorizaría “a las sociedades portuarias que operan en puertos de servicio público a fijar sus tarifas libremente y consecuentemente ampliar el número de servicios portuarios que se consideran en el modelo de concesión”, señala el borrador.

Actualmente, dichos precios se fijan por muellaje, uso de instalaciones, almacenamiento y servicios públicos, pero el documento incluiría todos los servicios básicos de los ingresos contemplados en planes de negocio o modelos financieros, entre los que están practicaje, remolque, amarre/desamarre, cargue y descargue, entre otros.

En caso de aprobarse esto, “las tarifas deberán ser publicadas y reportadas a la Superintendencia de Puertos y Transporte, a fin de que esta pueda supervisar la aparición de prácticas anticompetitivas”, destaca el proyecto.

Sumado a lo anterior, la política pública también añadiría un plan para reducir costos y aumentar la productividad de los puertos, “objetivo que se logra reduciendo costos logísticos a partir del mejoramiento de las condiciones de conectividad terrestre”.

De allí que también se podría detallar cómo sería la integración de este modo de transporte con los demás, de cara a la puesta en marcha del Plan Maestro Intermodal, para el cual la Financiera de Desarrollo Nacional, el Instituto Nacional de Vías y la Agencia Nacional de Infraestructura ya firmaron un convenio por $1.350 millones, con el fin de terminar la estructuración de dicho plan maestro.

Dichos estudios tendrá que entregarse a finales de septiembre del 2018.

 

 

Fuente: Zonalogistica.com

 

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