En pleno siglo XXI, romper con las brechas de género es todavía una tarea pendiente. Se requiere de medidas que vayan más allá del papel y garanticen un acceso equitativo a todos los ámbitos de la vida.
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo, la Organización de las Naciones Unidas reiteró el llamado para lograr un planeta 50–50 en el 2030, reconociendo que la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, así como el empoderamiento femenino son requisitos indispensables para poner fin a la pobreza y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
Sin embargo, hablar del 50-50 en una sociedad donde la paridad no necesariamente representa equidad, no es suficiente. En Colombia, según datos del Dane, para enero del 2017, las mujeres representaban el 50,7 % de la población nacional y el 51,1 % de la población en edad de trabajar. Pero solo encarnan el 42% de la población económicamente activa, con una tasa de desempleo femenino que es un 60 % mayor que la masculina.
Es decir, aunque las mujeres en el país son más del 50 % de la población, tienen un menor acceso al mercado laboral formal y en condiciones precarias. De acuerdo con un estudio del Banco de la República, esta situación empeora si la mujer está comprometida y existe presencia de niños en el hogar. Esta afirmación coincide con las estadísticas de uso del tiempo que demuestran que ellas destinan el doble de horas que los hombres al cuidado del hogar y la familia, por lo tanto, se reducen sus posibilidades de trabajar formalmente y se desestimula la búsqueda de empleo.
Aún más: si encuentran trabajo, ganan en promedio un 17 % menos que sus compañeros. La desigualdad de remuneración entre hombres y mujeres es un fenómeno común en los mercados laborales mundiales, relacionado no sólo con la tipología de los sectores a los que las mujeres se vinculan tradicionalmente -considerados como de menor productividad y menores salarios-, sino también con factores socio culturales, como evidencia un informe de la Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia de 2016. Según el documento, en aquellos sectores con mayor presencia femenina, como el sector salud, las mujeres perciben entre el 30 y el 58 % de los ingresos brutos que reportan los hombres.
¿Debemos pensar entonces que lograr el 50-50 en presidencias, juntas directivas o directorios garantizará a las mujeres equidad de paga o la equidad de oportunidades en el trabajo? La evidencia histórica indica que eso no basta.
Se necesita una política pública que visibilice estas brechas de género y que promueva un cambio cultural. Una política pública que vaya más allá de las buenas intenciones, y que promueva un diagnóstico de la situación y condición real de la mujer, de sus necesidades y deseos.
De manera concreta, la reciente ampliación de la licencia de maternidad a 18 semanas es un ejemplo de política pública que solo le resta competitividad a la mujer en el mercado laboral, como diversos estudios han demostrado, por ejemplo del Banco de la República para el caso de Colombia. Que lejos de promover la corresponsabilidad parental y dejar que los padres a nivel individual sean los que determinen quién debe tomar el permiso de maternidad/paternidad, o por cuánto tiempo, refuerzan estereotipos de género al asumir nuevamente que la tarea del cuidado de los hijos es responsabilidad casi única de la mujer, borrando así, décadas de lucha por la igualdad de las mujeres.
Escrito por: Monica Colin, Post Doctor en Estudios de Género.
Queremos felicitar a @monicacolin, quien hace parte de nuestra Red, por su primera columna en «Semana Educación» y desearle muchos éxitos en este nuevo reto como escritora.
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