Enrique Valderrama, presidente de Fecolfin, plantea cambios en la protección de los recursos que los ahorradores tienen en las entidades solidarias.

Enrique Valderrama, presidente, Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Entidades Financieras.

El sector financiero cooperativo le pidió al Gobierno que modifique las normas que rigen a las instituciones de economía solidaria en lo que tiene que ver con el fondo que garantiza la protección de los recursos de los ahorradores.

En opinión de la dirigencia gremial, la regulación vigente para el sector es desigual frente al resto del sistema financiero, y no tiene en cuenta la labor social que las entidades de la economía solidaria cumplen en regiones apartadas, donde incluso, en muchos casos, ni siquiera hay suficiente presencia de la banca comercial.

“Llegó el momento de los compromisos y las acciones concretas tanto del sector como del gobierno nacional. Proponemos la aprobación de alguna de las siguientes alternativas: i) Que se nos dé la discrecionalidad de elegir a qué fondo pertenecer, entre Fogacoop y Fogafín; ii) Crear un fondo de naturaleza mixta, y iii). Autorizar al movimiento cooperativo para que cree su propio fondo”.

De acuerdo con Valderrama, en la actualidad, a las cooperativas les cuesta 60% más que a los bancos tradicionales la protección que otorga el Fondo de Garantías de entidades Cooperativas (Fogacoop). Sin embargo, esta entidad apenas responde hasta por 12 millones de pesos de los recursos que los usuarios tienen en las cooperativas de ahorro y crédito, y hasta por 20 millones de pesos para los depósitos en los dos bancos del sector solidario.

Por su parte, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin), que protege los recursos depositados por los ciudadanos en la banca comercial, tiene un costo inferior y ampara hasta los primeros 50 millones de pesos.

OTRAS SOLICITUDES

En reciente Foro realizado en Bogotá sobre el rumbo del sector cooperativo financiero y de ahorro y crédito, el presidente de Fecolfín también planteó la creación de un Fondo Rotatorio para la vivienda cooperativa manejado por Findeter. Estos recursos serían asignados a través del presupuesto nacional.

En materia de crédito agropecuario, el sector financiero cooperativo propone que los recursos del Estado y de los organismos internacionales sean canalizados a través de los bancos de propiedad cooperativa y otras entidades del sector, previamente autorizadas para desarrollar esta función.

De la misma manera, plantean la revisión de varios de los temas que afectan al sector, entre los que se destacan los siguientes: “la imposibilidad para apertura cuentas de ahorro electrónicas; la diferencia en la retención en la fuente sobre rendimientos de los Certificados de Depósito a Término (CDAT), fijada en el 7%, de nuestras cooperativas frente al 4% del sector financiero, y la limitación de inversión de recursos públicos en cooperativas de ahorro y crédito”.

El sector financiero cooperativo estima que el 2019 será un buen año, por lo que se prevé una mejora de los principales indicadores frente a los registrados en 2018, cuando la actividad solidaria registró una dinámica levemente superior a la de la economía en general.

El gremio considera que la Ley de Financiamiento no tendrá un impacto significativo sobre su actividad, gracias a que fue eximido de varias de las obligaciones que le fueron impuestas a las empresas, y que entraron en vigencia en enero pasado.

Las cooperativas financieras reconocen que el sector enfrenta un gran reto en torno a la automatización de sus procesos, para poder competir con el resto de los bancos comerciales y atraer a la población joven que apenas está ingresando al mercado financiero. Los directivos del sector avanzan en la búsqueda de alternativas que les permitan dar nuevos pasos hacia la oferta de servicios financieros digitales, aprovechando la tecnología dispuesta en ciudades intermedias del país.

LEY DE FINANCIAMIENTO

Respecto a la Ley de Financiamiento, no hubo un gran impacto sobre el sector.
Por ejemplo, en lo que tiene que ver con los puntos adicionales de renta solo es aplicable a las personas jurídicas que, en el año correspondiente, tengan renta gravable igual o superior a 120.000 UVT.

Sobre el papel, esto no aplica al sector cooperativo financiero, ya que corresponde a puntos adicionales sobre la tarifa general de las entidades, es decir, las sociedades nacionales y sus asimiladas, obligadas a presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta y complementarios.

Adicionalmente, la Ley homologó la norma sobre aportes parafiscales, entre entidades sin ánimo de lucro, y las cooperativas y mutuales. Estas empresas fueron exoneradas del pago, por los trabajadores que devengan hasta 10 Smlmv ($8’281.160). Esto hace más competitivo al sector solidario en materia de contratación laboral.

LAS COOPERATIVAS

El sector cooperativo con actividad financiera está integrado por 189 entidades. Las vigiladas por la Superintendencia Financiera son ocho: cinco cooperativas financieras ubicadas en Antioquia, la CFA, Coofinep, Coopkenned, Cotrafa y Confiar. Dos bancos, Bancomeva y Coopcentral y una Compañía de financiamiento, Juriscoop, propiedad cooperativa. Las entidades del sector vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria son 181, de las cuales 144 son especializadas de ahorro y crédito y 37 son multiactivas con sección de ahorro y crédito.

En la actualidad este segmento está compuesto por cerca de 4 millones de asociados, cuya sombrilla a nivel familiar cubre a cerca de 16 millones de colombianos, promoviendo de esta manera la inclusión financiera y la economía colaborativa.

Fuente: Portafolio.co

@JoseFranciscoEscorche y @RobertPaty , los invitamos a leer esta noticia, la cual será de su interés !!