“Las recomendaciones para transformar el campo colombiano están cayendo en tierra fértil”, dijo el presidente Juan Manuel Santos luego de recibir el informe final de la Misión Rural, de manos su director, José Antonio Ocampo, quien destacó que “la construcción del desarrollo rural se debe hacer desde abajo”.

El espaldarazo de Santos a las estrategias planteadas se dejó ver, luego de anunciar que “estas sugerencias las vamos a acatar de manera anticipada, a través de una profunda reforma institucional de nuestro sector agrícola, que ya está lista, con unos decretos que expediré la semana entrante”, dijo el mandatario.

“8,1 billones de pesos (0,7 por ciento del PIB) serían gastos nuevos, y el resto sería financiado con la reasignación de recursos existentes”, indica el informe.

La abultada cifra para hacer realidad cada una de las propuestas de la Misión tendrá que salir del presupuesto general, pero permitirá duplicar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario, según dijo Ocampo. “Hoy es de 1,5, y pasaría a 3 por ciento anual”.

Y no es para menos: en el campo colombiano están circunscritos el 60 por ciento de los municipios colombianos y el 30 por ciento de la población. No obstante, más del 90 por ciento de los ciudadanos del área rural dispersa son pobres y vulnerables, y hasta ahora habían sido una pieza aislada de las políticas de Estado.

Las 6 claves

Inclusión social para el cierre de las desigualdades entre los habitantes rurales y los de la ciudad, un ambicioso programa de inclusión productiva y agricultura familiar, la construcción de un sector agropecuario competitivo, un desarrollo ambientalmente sostenible, una estrategia de ordenamiento y desarrollo territorial, y el ajuste institucionalidad son las seis líneas propuestas.

El punto de partida para establecerlas fueron los diagnósticos, incluido el recientemente divulgado Censo Agropecuario, según el cual solo el 36 por ciento de los hogares rurales son dueños de su principal activo, la tierra.

Es por ello por lo que una de las metas, según lo expresado por Ocampo, es recuperar las tierras que no han sido explotadas, para redistribuirlas. “Nuestra Constitución dice que la propiedad es una función social que implica obligaciones. Esto tiene antecedentes desde la Colonia, si se entregaba una propiedad rural era para que se explotara, no para que se acumulara. Por eso vino históricamente la capacidad del Estado de recuperar tierras que no habían sido explotadas. La extinción de dominio hoy se utiliza para el narcotráfico, pero tuvo su origen en la legislación agraria. En algunas partes hay tierra que no ha sido explotada. La propiedad de estas tiene que ser rescatada”.

Para la tarea de darle la tierra al que la trabaja, no se descartará ninguna estrategia, pero una de las más fuertes debe ser la compra, por el Estado. “Tenemos un cálculo que indica que el país puede triplicar la cantidad de recursos que se le han asignado al Incoder para la compra de tierras”, sostuvo Ocampo.

Paz y bienestar

Alrededor de cada debilidad que hay en el campo la Misión puso una pieza para armar el engranaje completo. Eliminar la desnutrición, promover la campaña de cero analfabetismo, invertir en comercialización a través de la modernización de los sistemas de abastecimiento y promover escalonamientos de alianzas productivas entre agricultores familiares y empresarios hacen parte del paquete.

La Misión propone elaborar un registro de agricultores familiares para enfocar mejor los recursos públicos. Además, crear un fondo de tierras que trace el camino para reducir la concentración de la misma y crear zonas de desarrollo empresarial. En este último aspecto, de acuerdo con lo dicho por Ocampo, “hubo consenso en el consejo directivo de la Misión para que en estas zonas el Estado no entregue propiedad, sino que haga concesiones a largo plazo o las entregue en arrendamiento”.

El desarrollo rural es punto clave del acuerdo de paz que se negocia en La Habana y, a su vez, la paz garantizará un progreso sostenible del campo.

Fuente: El Tiempo